El Estado colombiano en garantía de la protección especial para las personas en condición de vulnerabilidad, ha tomado un giro con el fin de estar acorde a los tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestra Nación. En el año 2019 nuestro Congreso de la república en compañía del expresidente Iván Duque Márquez con su sanción presidencial se creó la ley 1996 de 2019, donde estableció una serie de medidas a favor de las personas antes mal llamadas Incapaces Absolutos y Relativos regulado por la ley 57 de 1887 nuestro Código Civil Colombiano en su articulado 1504. La Ley 1996 de 2019 en su artículo 1 establece unas medidas específicas para la garantía del derecho a la Capacidad Legal Plena de derechos de las personas con discapacidad, mayores de edad y el acceso a los apoyos que puedan responder para el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
La interpretación normativa está bajo el parámetro de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de los demás pactos, y convenios que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad (Articulo 93), a su vez la Constitución Política de 1991. La presente ley Busca establecer que los actos jurídicos de los nuevos sujetos de Capacidad Legal, puedan hacer efectivo de manera plena la manifestación de la voluntad encaminada a producir con sus actos efectos jurídicos , donde antes existía la prohibición porque era un Incapaz ya sea Absoluto y Relativo, empero, por el cambio de la normatividad obedece a la evolución de los derechos, y seguimiento de la protección de los sujetos de especial protección constitucional, donde el Estado Colombiano no es ajeno a esta en garantía del Marco de un principio en un Estado Social de Derecho como es la Dignidad Humana.
El artículo 3 establece los Efectos Jurídicos de Apoyo: Son aquellos que realizan por la persona titular del acto jurídico utilizando un apoyo formal. El titular del acto jurídico es la persona mayor de edad, cuya voluntad y preferencias se manifiesta en un acto jurídico determinado. Los principios de la norma están en al artículo número 4 con los principios de Dignidad, en todas las actuaciones se conserva la dignidad inherente a la persona con grado de vulnerabilidad en este caso su discapacidad. La autonomía, en todas las actuaciones respetara el derecho de las personas y autodeterminarse, a tomar sus decisiones, a equiparse, independencia y el libre desarrollo de la personalidad, conforme a su voluntad, deseos y preferencias propias siempre cuando este conforme a la constitución política de 1991.
El principio de la primacía de la voluntad y preferencias de las personas titulares del acto jurídico. A la luz de este principio, los apoyos utilizados para celebrar el acto jurídico deberán siempre responder a la voluntad, y preferencias razonables de la persona misma en los casos donde pueda desarrollar sus actos y necesite guía del apoyo para tomar una decisión, pero siempre la persona titular del acto tomara la decisión a la ahora de ejercer sus derechos y obligaciones con la ayuda idónea del apoyo.
La no discriminación como principio nace bajo el precepto de la Carta Política de 1991 en su artículo 13, donde todos somos iguales ante la ley sin importar el sexo, raza, lengua , religión , origen nacional o familiar, opinión política o filosófica .La garantía de este acto es un marco de protección y de adecuación a las necesidades del mundo y la vinculación de todos los estamentos sociales, puesto que con esto se busca profundizar y desarrollar un concepto mejor sobre Persona en marco del Garantismo no solo en materia penal ,sino en busca de hacer valer La Ley del Más Débil como teoría de Luigi Ferrajoli adoptado con el modelo constitucional con la Carta Política de 1991 .
La presunción de Capacidad, que en virtud del cual todas las personas con discapacidad tienen la potestad de control de derechos y obligaciones, en garantía del artículo 1502 del Código Civil Colombiano que establece el Concepto de Capacidad Legal, sin embargo con el nacimiento de la Ley 1996 de 2019, esta norma fue modificada a raíz de La Carta de Naciones Unidas que protege a las personas con discapacidad y el giro del estado colombiano cuando ratifico en el año 2011 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, convirtiéndose en el país número cien (100) en suscribirse a este instrumento internacional de Derechos Humanos. Esta convención internacional que integra el bloque de constitucionalidad colombiano establece que los Estados firmantes deben reconocer la capacidad jurídica de las personas con grado de discapacidad.
El concepto de Capacidad tuvo giro extraordinario, ya ahora la Capacidad legal es igual en igualdad de condiciones para cualquier persona, sin distinción alguna e independiente de si usa o no apoyo para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad del ejercicio de una persona para contraer derechos y obligaciones. El artículo 9 establece los mecanismos para establecer apoyos para la realización de actos jurídicos:
- A través de la celebración de un Acuerdo de Apoyos entre la persona titular del acto jurídico, y las personas naturales mayores de edad o jurídicas que prestaran apoyo en la celebración del mismo.
- Por medio de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según el caso para la designación de apoyo, determinado por un proceso de adjudicación judicial de apoyo.
El Artículo 11 reglamenta la valoración de apoyos, entre privados o públicos, La Defensoría del Pueblo, la Personería y los otros entes territoriales. El artículo 15 indica que los Acuerdos de Apoyo, son acuerdos formales por medio del cual una persona mayor de edad formaliza la designación de las personas naturales o jurídicas, al momento de asistir en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos determinados. El articulo 16 nos indica que los acuerdos de apoyo por escritura pública ante notario, de acuerdo con el Decreto 960 de 1970. El artículo 17 establece que la presente ley faculta a los Centro de Conciliación a realizar acuerdos de apoyo. El artículo 18 establece que ningún acuerdo de apoyo puede extenderse por un periodo superior a cinco (5) años.
El artículo 20 establece que en cualquier momento la persona titular del acto jurídico puede terminar de manera unilateral el acuerdo de apoyo celebrado ya sea por escritura pública, sentencia judicial o a través del acta de conciliación. Se termina el acuerdo de apoyo por muerte del titular del acto jurídico o por la muerte de la persona de apoyo.








