Hace unos días, el presidente de Colombia, el Dr. Abelardo de la Espriella, salió en un operativo para capturar a unos delincuentes que infundían miedo y caos en la ciudad de Barranquilla; entre sus antecedentes delictivos figuraban la extorsión y el secuestro extorsivo.
Muchos ciudadanos estaban de acuerdo con la forma en que el presidente de la República actuaba en defensa del Estado de derecho y la institucionalidad. No obstante, algunas personas no están de acuerdo con la manera en que el mandatario actúa frente a este tipo de circunstancias y ante el caos y el desorden que había en el país, producto de lo que recibió del gobierno anterior.
Una anomia, tal como la describió en su momento Émile Durkheim, el sociólogo francés que, a finales del siglo XIX, desarrolló este concepto a través del funcionalismo sociológico para explicar la ruptura de las normas, pero no solo de las normas en sentido concreto, sino también en sentido abstracto. Con la anomia se produce la ruptura de las normas morales, sociales y jurídicas.
Bueno, eso sucedía en Colombia con el anterior gobierno: una anomia generalizada en todos los escenarios, donde el colombiano de a pie se volvió impermeable a la realidad, sobre todo aquellos que justificaban al presidente anterior, porque existía una fachada de defensa putativa de las actuaciones de mala reputación del gobierno y del expresidente. Bueno, en fin, en eso consiste el petrismo y ser petrista.
Sin embargo, el actual presidente de la República, a través de su conocimiento del derecho penal, por ser abogado penalista de convicción y de ejercicio, aplica las teorías y los principios de la teoría del delito, así como el ius puniendi, es decir, la facultad que tiene el Estado, a través de sus órganos competentes, de imponer sanciones y penas.
Asimismo, aplica los límites materiales y el principio teleológico, así como la prevención general positiva y negativa.
La prevención general positiva va encaminada al ciudadano de a pie, con el propósito de protegerlo del delincuente; deja un mensaje que indica que el Estado está funcionando. Por su parte, mediante la prevención general negativa, el Estado les indica a los ciudadanos que, si delinquen, las consecuencias serán nefastas tanto para ellos mismos como para la comunidad, puesto que, si no existe respeto por la autoridad, existe la fuerza lícita del Estado, que los va a vigilar y castigar.
La prevención especial positiva tiene su enfoque dirigido al delincuente o a aquel que incumple la norma penal. Su finalidad es rehabilitarlo, mientras que la prevención especial negativa busca inhabilitarlo. Es aquí donde existe el debate sobre si a estas personas se les debe aplicar la pena de muerte o no. Sin embargo, en Colombia no existe esta medida, porque el derecho a la vida es inviolable, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad.
Es por esto, mis queridos lectores, que el hecho de que el presidente salga a patrullar y capturar delincuentes constituye un mensaje del funcionalismo sociológico y penal. Sus estudios de derecho y su condición de abogado penalista le dan el enfoque que debería transmitirse a la comunidad: si alguien delinque, se enfrenta a la fuerza lícita del Estado, a través del ius puniendi.
¡Viva Cristo Rey!
Non sibi sed omnibus.
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